Haciendo honor a nuestra historia

En 1957, el pueblo salía a las calles en defensa del 11% de las regalías petroleras y gritando “agua, pavimento y luz pa’ Santa Cruz”. En esos tiempos, el prefecto del departamento y el alcalde eran designados por el presidente de la República, desde el propio Palacio Quemado. A pesar de las adversidades, Santa Cruz triunfó.
Medio siglo después (2007) tenemos un comandante general y prefecto del departamento elegido por voto popular, así como gobiernos municipales democráticos casi autónomos, que en ningún caso ya obedecen el ‘dedazo’ del centralismo, sino que responden al pueblo que los eligió. El grito actual es “democracia, libertad y autonomía”. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es nuestro segundo 11%, que el Gobierno de Evo Morales pretende confiscar a los gobiernos municipales y departamentales. Como respondiendo a esta política centralista y perversa, el papa Benedicto XVI señala: “Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio”.
Hace casi 50 años se comenzó a ‘sembrar’ las regalías en todo el departamento, plantando las bases del modelo productivo cruceño. Hoy, conforme a un sistema revolucionario y solidario, la Prefectura no sólo destina a las provincias estos ingresos; igual lo hace con las patentes forestales y las regalías mineras, pero no es únicamente el 11%, sino el 100% de dichos ingresos. De estos recursos, las provincias productoras reciben el 50% del total, 40% las no productoras, mientras que el 10% se destina a proyectos y programas de los pueblos indígenas del departamento. Los 56 municipios cruceños antes recibían por inversión concurrente 10 millones de bolivianos; con esta fórmula dicho monto llega hoy a más de 110 millones.
Aquí vale una aclaración muy importante. En cada provincia, sus propias autoridades, reunidas en el Consejo Provincial, deciden por voluntad propia las obras a realizar, ejerciendo de este modo democracia y autonomía provincial. A ello deben sumarse los proyectos de inversión por IDH que ejecuta la Prefectura, destinados a las provincias en un 90%. Esto permitió en 2007 perforar 562 pozos de agua (500.000 beneficiarios), construir 2.250 km de caminos estables, brindar energía eléctrica a 65.000 personas y ofrecer desayuno escolar y almuerzo a más de 165.000 estudiantes y maestros.
Finalmente, habrá que agregar que cerca de 200 profesionales y técnicos que viven en las provincias apoyan a las subprefecturas. Con esto terminó el discurso del oficialismo, cuando declaraba que la autonomía departamental era para concentrar los recursos en la ciudad capital.Por cierto, estos resultados fastidiaron al Gobierno central, que decidió apropiarse del IDH. Hasta fin de año, la Prefectura debe recibir 212 millones de bolivianos. Para 2008, los más optimistas calculan que sólo quedarán 18 millones. ¿Quiénes serán los más perjudicados? Las 15 provincias y sus 56 municipios.Sin recursos no hay descentralización ni habrá autonomía. Ésta es la razón esencial de la lucha por el IDH. De consumarse esta violación, habrá que esperar los cheques del centralismo, remedando los tiempos de Roma, cuando el emperador daba regalos a las provincias de la periferia. Eso fue hace dos mil años, hoy no será así. Depende de nosotros mismos.